EntrevistaNúmero 7

Arturo Aliaga López. Consejero de Industria e Innovación del Gobierno de Aragón

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Arturo Aliaga López es ingeniero industrial. En 1987 ingresó por oposición en el Cuerpo de Funcionarios Superiores de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón. Su primer destino fue el Servicio Provincial de Industria, Comercio y Turismo de Teruel como jefe de la sección de industria, que más tarde dirigiría. Ha desarrollado toda su carrera profesional en la Administración aragonesa, ocupación que ha compaginado con otras como la de profesor asociado de la Escuela Universitaria Politécnica. En el Gobierno de Aragón ha trabajado en las áreas de Industria, Comercio, Turismo, Artesanía y Economía, de cuyo Departamento fue jefe del servicio de financiación europea y más tarde secretario general técnico. En julio de 2002 fue nombrado consejero de Industria, Comercio y Desarrollo y un año más tarde pasó a ocupar la cartera de Industria, Comercio y Turismo, cargo que desempeñó hasta julio de 2011. En enero de 2012 es nombrado consejero de Industria e Innovación, cargo que ocupa actualmente. Ha estado al frente de entidades y organismos como el Parque Tecnológico Walqa, Motorland Aragón, el Parque Tecnológico del Motor de MotorLand, Dinópolis, el Centro Astronómico Aragonés, el Centro de Estudios de Física del Cosmos, el Instituto Tecnológico de Aragón o la Fundación para el Desarrollo de las Nuevas Tecnologías del Hidrógeno en Aragón, centro de desarrollo tecnológico privado, sin ánimo de lucro, promovido por empresas y empresarios aragoneses. Es diputado en las Cortes de Aragón por el Partido Aragonés.

Sr. consejero en primer lugar le agradecemos su cortesía al recibirnos y para comenzar la entrevista ¿podría darnos una visión del ámbito competencial del Departamento que dirige?

Por no entrar en detalles que pueden desanimar al lector de una manera simplificada podemos decir que corresponden al Departamento de Industria e Innovación que dirijo, siempre de acuerdo con los términos expuestos en el Estatuto de Autonomía de Aragón, las competencias exclusivas en materia de industria, salvo las del Estado por razones de seguridad, sanitarias o de interés de la Defensa; las competencias en materia de comercio; de Cámaras de Comercio e Industria y de artesanía, así como las competencias exclusivas en materia de investigación, desarrollo e innovación científica y tecnológica, entre ellas el fomento y desarrollo de las tecnologías para la sociedad de la información. Dentro de las competencias compartidas le corresponde el desarrollo legislativo y la ejecución de la legislación básica en materia de régimen minero, energía e instalaciones radiactivas de segunda y tercera categoría. Por último las competencias ejecutivas en materia de propiedad industrial, control metrológico y contrastes de metales, así como las ferias internacionales que se celebren en Aragón.

Sr. consejero ¿nos puede aportar unos órdenes de magnitud sobre el Departamento que dirige?

El ejercicio de estas competencias citadas se realiza con una estructura relativamente sencilla, básicamente compuesta, además de por el Gabinete y unidad de apoyo de este consejero, por una Secretaría General Técnica, cuatro Direcciones Generales y tres Servicios Provinciales, que suman unos 270 funcionarios y un presupuesto anual de aproximadamente 84 millones de euros. Se complementan estos recursos con las entidades de derecho público adscritas al Departamento: Instituto Aragonés de Fomento, Instituto Tecnológico de Aragón, Entidad Aragonesa de Servicios Telemáticos y Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria. Estas entidades tienen asignados en los presupuestos de la Comunidad Autónoma aproximadamente 51 millones de euros. Tienen en conjunto 450 trabajadores.

Como nos ha indicado, a su Departamento le corresponde la ejecución de las competencias en materia de control metrológico. En relación con esta materia el Consejo de Ministros remitió el pasado mes de abril a las Cortes Generales el Proyecto de Ley de Metrología que actualmente se encuentra en el Senado en la fase final de su tramitación. ¿Nos puede dar su opinión sobre este Proyecto de Ley?

En primer lugar quiero reconocer el trabajo realizado desde el Centro Español de Metrología (CEM) en la elaboración del anteproyecto que, por lo conocido, presenta un texto en general mucho más ordenado y con novedosas aportaciones que intentan dar solución a problemas del día a día en la ejecución del control metrológico, clarificando el papel de los agentes y de las actuaciones que se realizan, solucionando la problemática actual en relación con las sanciones.

Habrá que esperar al texto aprobado por las Cortes para conocer cómo quedan aspectos sobre los que se han presentado enmiendas en el Senado, como la posible utilización de instrumentos testigo, la posible limitación de la vida útil de ciertos instrumentos, la no necesidad, en ciertos casos, de verificación después de reparación para instrumentos reparados por el responsable de su puesta en mercado y servicio y aquellos relacionados con competencias ejecutivas de las Comunidades Autónomas.

En relación con el control metrológico cabe señalar la sensatez que se introduce con el Proyecto de Ley al condicionar las medidas a adoptar a que sean proporcionadas en relación con el interés público perseguido y que se puedan obtener de la forma menos costosa para los operadores económicos.

Estamos hablando de un ingente número de instrumentos, pensemos en instrumentos de pesaje con un abanico desde la balanza de una farmacia a la báscula puente de un ferrocarril, en contadores de agua, de energía, de gas o de combustibles, taxímetros, sonómetros, etc., que por razones de interés público, salud, seguridad, protección del medio ambiente, protección de consumidores y usuarios, se ven sometidos a unas actuaciones de control que llevan asociados unos costes para sus titulares y la necesidad de unos recursos técnicos, humanos y organizativos por parte de las administraciones públicas.

Situación similar se produce en relación con las actuaciones de control en el ámbito de la seguridad industrial, miles y miles de instalaciones y equipos, pensemos en las instalaciones eléctricas en las industrias y viviendas, de calefacción, ascensores, etc., para las que los diferentes reglamentos establecen diferentes ámbitos de actuación de los agentes del sistema de la seguridad industrial como proyectistas, instaladores, mantenedores y organismos de control, sobre los que las Administraciones Públicas competentes deben realizar las pertinentes actuaciones de control y planes de inspección para comprobar el cumplimiento de las disposiciones y requisitos de seguridad.

En todos los casos las medidas de control deben, como se indica en el Proyecto de Ley de Metrología, ser proporcionadas en relación con el interés público perseguido y se deben poder obtener de la forma menos costosa para los operadores económicos, y yo añadiría también para las administraciones públicas, por lo que en la ejecución de estas medidas deberemos tener en consideración a la hora de dirigir los esfuerzos de las administraciones, los casos en los que los actores hayan podido adoptar medidas voluntarias de aseguramiento en relación con el ejercicio de su actividad y con las instalaciones por ellos realizadas.

En relación con el control metrológico cabe señalar la sensatez que se introduce con el Proyecto de Ley al condicionar las medidas a adoptar a que sean proporcionadas en relación con el interés público perseguido y que se puedan obtener de la forma menos costosa para los operadores económicos.

En relación con estas medidas voluntarias de aseguramiento que cita, este verano tuvimos conocimiento del sometimiento al trámite de información pública de un proyecto de Decreto para la aprobación de un Reglamento sobre las entidades colaboradoras para el aseguramiento voluntario de la calidad de los servicios de seguridad industrial. ¿Puede darnos una visión sobre el citado Reglamento?

En primer lugar hay que tener en consideración los cambios legislativos que se han producido los últimos años, entre ellos la Directiva de Servicios o la Ley de Garantía de Unidad de Mercado, que están obligando a que la administración cambie profundamente su manera de obrar en aras a facilitar la actividad empresarial, y para que los prestadores de servicios puedan circular más libremente, entre los países de la Unión Europea y también dentro de España. Eso cambia de manera muy radical la inspección y el control, que en industria es una parte relevante de nuestra responsabilidad ante la sociedad. La cambia en aspectos nuevos, pues esa práctica ya estaba antes muy extendida para las instalaciones, pero no para los agentes.

Eliminar este control previo y obligado existente anteriormente sobre la idoneidad de las personas, físicas o jurídicas que intervienen sobre las instalaciones prestadores de servicios en el ámbito de la seguridad industrial puede suponer asumir graves riesgos para la seguridad de las personas y las cosas, así como permitir conductas que atenten gravemente contra el interés general, si no va acompañado de un incremento de la actividad inspectora a posteriori por parte de la administración.

Promover entidades colaboradoras para el aseguramiento de forma voluntaria de la calidad de los servicios con incidencia en la seguridad industrial, que es el objeto del Reglamento, es fruto del mandato contenido en la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y en el Texto Refundido de la Ley de regulación y fomento de la actividad industrial de Aragón, ambos como consecuencia de la Directiva 2006/123/CE relativa a los servicios en el mercado interior.

La existencia y grado de implantación de instrumentos de control de la calidad de los servicios por parte de los agentes del sistema de la seguridad industrial será, y así se contempla en la Ley de regulación y fomento de la actividad industrial de Aragón, uno de los criterios a contemplar para la elaboración de los planes de inspección industrial, lo que nos permitirá enfocar la actividad inspectora hacia donde más se necesite.

El reglamento que salió a información pública el pasado verano se enmarca en una estrategia para impulsar de manera conjunta las políticas de seguridad, de calidad y de fomento de la actividad industrial que emanan de la Ley de regulación y fomento de la actividad industrial en Aragón, y de manera muy particular, los siguientes cinco aspectos: profundizar en el desarrollo de la Ley de Industria de Aragón y la Directiva de Servicios y su transposición; defender la libre competencia, en un marco abierto y voluntario; continuar avanzando en la reducción de cargas burocráticas; disponer de un sistema participativo y transparente para garantizar la calidad de los servicios de seguridad y, por último, promover la constitución de un entramado empresarial dotado de herramientas innovadoras y potentes para competir mejor en un mercado global.

¿Esto supone otra manera de enfocar las actividades relacionadas con la seguridad industrial?

Entendemos que la seguridad industrial constituye un autentico sector de actividad económica hacia la que también están orientadas las políticas de mi Departamento, en el que convergen actuaciones de promoción de la actividad industrial, de la seguridad industrial, de fomento de la calidad, de la innovación, fomento de las TIC, ahorro y diversificación energética.

Hemos de ser conscientes de que el sector de la seguridad industrial da trabajo a más de 16.000 personas en la Comunidad Autónoma y es muy importante por la actividad económica que representa. Los actores que intervienen en la realización de instalaciones sometidas a reglamentos de seguridad industrial forman parte de una cadena de valor que pone a disposición de la sociedad instalaciones seguras para que desde nuestras actividades domésticas hasta las actividades productivas puedan desarrollarse correctamente y sin incidencias.

En Aragón hay más de tres millones y medio de instalaciones industriales en 300.000 edificios, 770.000 viviendas, 89.000 empresas y 100.000 locales. Contamos con más de 29.000 aparatos elevadores instalados, 66.000 instalaciones de gas en edificios, 145.000 de agua caliente central y 725.000 contadores eléctricos. Cada año se tramitan 28.000 expedientes de nuevas instalaciones y se realizan más de 70.000 inspecciones a instalaciones que utilizamos todos los días en nuestra vida como líneas eléctricas, transformadores, estaciones de servicio, depósitos de combustibles, gasoductos, alumbrado público, maquinaria, ascensores o equipamiento social, sanitario y deportivo de todo tipo. En Aragón trabajan 24 organismos de control que emplean a 125 profesionales cualificados, licenciados e ingenieros de todas las especialidades.

Este sector de la seguridad industrial está compuesto por diversos prestadores de servicios a los que la propia Ley de Industria de Aragón reconoce como agentes del Sistema de la Seguridad Industrial. Entre ellos, el departamento del Ejecutivo autonómico competente en materia de industria; los organismos de control; las empresas instaladoras o mantenedoras; las entidades de formación en el ámbito de la seguridad industrial; los profesionales habilitados y los fabricantes, proyectistas y directores de obra de instalaciones, equipos, aparatos, productos, actividades u operaciones industriales.

El buen funcionamiento de todo este complejo entramado de agentes es vital, máxime si se tiene en cuenta que es importante como actividad económica en sí misma y sobre todo que guarda relación con áreas críticas para la seguridad de las personas, sus bienes y su entorno, lo que en muchas ocasiones no se advierte hasta que hay algún problema. El fomento de la seguridad, la calidad y la actividad industrial en este campo son objetivos esenciales para todos los que forman este sector.

La metrología es el instrumento que nos permite diseñar, operar, mantener y verificar el buen funcionamiento de todo este entramado. Va mucho más allá del control del fraude económico. Y no hablemos de su importancia en la medicina, la sanidad o higiene del sector agroalimentario, pero esto son temas que ya compartimos con otros Departamentos de la Administración.

Sr. Consejero. Me llaman la atención dos industrias aragonesas: la producción de energía eólica y el automóvil, que supongo que representa un porcentaje muy significativo de la producción industrial de la Comunidad. ¿Podría valorar el impacto de estas industrias en la región y explicar a nuestros lectores la estrategia de su Consejería al respecto? ¿La fuerte importancia de unos pocos sectores en la economía aragonesa es una fortaleza o una debilidad?

En eólica se han realizado interesantes proyectos para predecir datos y manejar redes interconectadas. En Aragón contamos con centros tecnológicos con acreditada experiencia en ámbitos como la evaluación del recurso eólico o la integración de las energías renovables en la red eléctrica. Digo esto porque desgraciadamente cuando se habla de renovables se mete en un mismo saco a muchas tecnologías y debemos aprender de la experiencia: tiempo atrás se creía que España no podía tener más de 8.000 MW eólicos instalados y actualmente estamos en más de 23.000 MW y se ha demostrado que hay un grado de integración que no altera la red. Al hablar de costes, una vez amortizadas las instalaciones el coste de producción es bajísimo, coste que no depende de circunstancias externas, se trata de un recurso endógeno y no está sometido a fluctuaciones por coyunturas de cualquier tipo en el extranjero.

En Aragón la potencia eólica instalada es de 1.900 MW y constituye un auténtico sector de actividad económica, y trabajamos con la vista puesta en el futuro en proyectos como los que contemplan las tecnologías del hidrógeno en relación con la optimización de recursos eólicos. Por cierto, en relación con el segundo tema planteado, probablemente el vehículo de hidrógeno con pila de combustible será uno de los escenarios de más desarrollo en la tecnología de la automoción.

Sí que quiero insistir en que el aprovechamiento de nuestros recursos endógenos para la producción de energía eléctrica nos ha colocado en un lugar privilegiado en el panorama de las energías renovables, sector que ha incorporado a sus procesos los últimos desarrollos tecnológicos e innovaciones de vanguardia. El sector energético aragonés presenta una participación de en torno al 5% del PIB aragonés, aproximadamente un cuarto de la producción industrial regional, y es significativo que el 20,4 % del consumo de energía primaria en Aragón sea de energías renovables y que el 46,3 % de la producción de energía eléctrica se realice con recursos renovables y un 26,2 % únicamente con eólica.

Volviendo a la segunda parte de la pregunta no cabe duda que la industria automovilística posee una importancia cuantitativa y cualitativa muy relevante en la economía aragonesa, y sus efectos positivos alcanzan al resto del tejido productivo de la Comunidad, la fabricación de material de transporte cuenta con 173 empresas en Aragón, que emplean en torno a 16.000 personas y aglutinan un importe neto de la cifra de negocio de prácticamente 7.000 millones de euros.

En Aragón existe un alto grado de integración vertical y una calidad incuestionable en el sector de automoción (fabricación de vehículos de motor y remolques), la planta de General Motors es una de las más eficientes del mundo y nuestro sector auxiliar, en cuanto a clientela, está bien diversificado, esto es, no depende sólo de General Motors. Hay que considerar que juega un factor importante nuestra ubicación logística. Quién diga que hay un exceso de concentración en el sector aragonés no conoce, por ejemplo, los datos de participación de dicho sector, por decir un país “al azar” como Alemania, en el que la participación en el VAB total del sector de automoción es del 3,1 % frente al 2,7 % en Aragón.

Aprovecho para señalar que un signo característico del tejido empresarial aragonés es su diversificación, que ha evolucionado especialmente en la última década. Además de la automoción, destacan los sectores de la logística, la maquinaria, la agroindustria, la energía y el turismo. El Aragón de hoy es presenta un tejido empresarial diversificado y con una potente industria, con una estructura sectorial similar a la del conjunto nacional, el principal diferenciador es el peso de la industria, que en Aragón alcanza un 22,2 % del VAB total, porcentaje superior en 4,9 puntos a la media española.

El aprovechamiento de nuestros recursos endógenos para la producción de energía eléctrica nos ha colocado en un lugar privilegiado en el panorama de las energías renovables.

Sr. Consejero. Es usted Consejero de Industria e Innovación. ¿Cuál es la política de la Consejería en materia de innovación? ¿Cómo cree que podemos cooperar desde metrología en materia de innovación y de mejora de la calidad industrial?

Las políticas tienen su reflejo en los presupuestos y recientemente he presentado el proyecto de presupuestos del Departamento para el año próximo ante la Comisión de Hacienda, Presupuestos y Administración Pública de las Cortes de Aragón y si el presupuesto total del Departamento para 2015 presenta un ligero incremento de un 1,72 % respecto al de 2014, la dotación de la Dirección General de Investigación e Innovación crece un 7,84 % respecto al año 2014 y alcanza los 12.554.854 euros. Este incremento se centra en el apoyo a la investigación en la excelencia que llevan a cabo las cinco Instalaciones Científico Técnicas Singulares aragonesas que fueron reconocidas por el Gobierno de España en el último mapa aprobado el pasado mes de octubre. Crece también un 20,52% el presupuesto de la Dirección General de Nuevas Tecnologías, que llega hasta los 12.078.777 euros.

Por último y dado el papel del liderazgo del Centro Español de Metrología, en el ámbito de la metrología técnica, industrial y científica, sin entrar en aspectos concretos que no puede abordar este consejero en el marco de una entrevista, y dado el papel de los aspectos metrológicos en el trabajo que se desarrolla en nuestros institutos tecnológicos y de investigación en ingeniería, biocomputación y física de sistemas complejos, nanociencia, ciencias ambientales, recursos y consumos energéticos, materiales, síntesis química y catálisis homogénea, logística, salud etc. no me cabe duda de que ya existen colaboraciones en marchas y de que sabremos aprovechar las nuevas oportunidades que la excelente relación con el Centro que dirige nos ofrecen.

En nombre de todos nuestro lectores de e-medida le agradecemos el tiempo que nos ha dedicado y la interesante información aportada.

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